La larga madeja del oscuro uso de los fondos de la minería en la Universidad Nacional de Tucumán comienza a desanudarse. Tomó una década que llegara a juicio oral: fue denunciado en 2010, enviado para audiencia al fin de 2018 y, tras apelaciones y trabas suscitadas por la pandemia, el ex rector de la UNT Juan Alberto Cerisola y sus ex funcionarios Luis Sacca (ex secretario administrativo de la UNT y ex diputado nacional por la UCR), Olga Cudmani (ex directora de Construcciones universitarias) y Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y Contrataciones). Están acusados por presuntas irregularidades con el uso de $ 340 millones (85,5 millones de dólares, al cambio de 2010) recibidos como utilidades para la UNT de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009.
Va a ser un caso inédito. No sólo porque ya se sabe que revisar estas investigaciones complejas deriva demoras largas que pueden terminar en prescripciones (en 2018 se publicó que sólo el 0,5% de las denuncias contra supuestos corruptos con trascendencia pública presentadas en la Justicia provincial y federal registraron una condena firme desde que se suprimió la Fiscalía Anticorrupción en 2005, es decir, una causa con condena sobre 219), sino por los montos involucrados y por la revolución que ha generado en la UNT. Desde 2018 hubo otros casos y algunas condenas, pero no están firmes. Esta es la mayor causa por presunta corrupción que se va a juzgar en Tucumán.
La UNT, que es socia junto con la Nación y la provincia de Catamarca en YMAD, recibe regalías mineras de ese ente en virtud de que el descubridor del yacimiento Farallón Negro, Abel Peirano, cedió sus derechos a la casa de estudios. En 1958 se dictó la ley 14.771, que establecía la creación de YMAD y determinaba que los utilidades se repartiría 60% para Catamarca y 40% para la UNT, y que este porcentaje debía estar destinado a la conclusión de la Ciudad Universitaria. Una vez concluida esta, ese 40% debía dividirse: una mitad para las otras universidades argentinas, y otra mitad para la UNT de libre uso.
Refresco en la UNT sedienta
No se le dio mucha importancia a YMAD durante las décadas en que apenas era una pequeña empresa que prestaba algunos servicios como enviar minerales para Altos Hornos Zapla. Cuando en la época menemista se propició la gran minería e YMAD hizo el acuerdo con Minera Alumbrera para la explotación del yacimiento, cambiaron las cosas. En 2003 llegó la primera partida de utilidades que fueron una lluvia copiosa y refrescante en una universidad sedienta, acuciada por los problemas económicos. Cerisola, rectordesde 2006, hizo constituir una entidad para que se realizaran obras y -mientras en la UNT había jolgorio por los trabajos para muchas áreas necesitadas- el 2 de enero de 2008 firmó un acta en YMAD por la que se declaraba concluida Ciudad Universitaria. Las ventajas de esto eran que esa mitad del 40% de los fondos mineros que recibía la UNT, a partir de ese momento pasaban a ser de libre disponibilidad, ya no destinados a la obra soñada por la Universidad desde los tiempos del rector Horacio Descole (fines de los 40), cuando se hicieron el edificio de San javier, los quonsets de la parte alta y baja del cerro y el barrio universitario de Horco Molle, entre otras cosas.
El camino de la codicia
¿Esa posibilidad de contar con dinero de libre uso desató la codicia? De la acusación se desprende que eso habría ocurrido: se prescindió de los controles de la ley de contrataciones del Estado (la defensa de los acusados argumentaría que no eran fondos del Estado y no los debía regir esa norma) y el uso que se les dio derivó en presuntas irregularidades del tipo de sobreprecios en obras, colocación de plazos fijos en entidades de riesgo y pésimo control sobre los porcentajes reales que llegaban en la regalías. Sobre todo eso investigó el fiscal federal Carlos Brito, a partir de las denuncias que comenzaron en 2010. Una fue la del arquitecto Ramón Eudal; otra, del peronista disidente Oscar López y una tercera de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), sobre la que se sustentó gran parte de la investigación del fiscal, además de la tarea de Gendarmería y la Procelac.
Seis años de secreto
Toda esa pesquisa fue largamente demorada. No había conciencia de lo que se investigaba hasta que, en 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza, ex delegado de la UNT en YMAD, dio a conocer que, a raíz del acta de 2008 la Universidad había dejado de recibir 500 millones de pesos (¿otros 85 millones de dólares?) que habían ido como regalías a las otras universidades del país. Mientras tanto, Cerisola, ya acusado en este caso, era nombrado por la misma UNT como delegado en YMAD. Con la revelación de Aceñolaza comenzó la difusión pública de lo que se había hecho con los fondos mineros y eso apuró la investigación judicial. También desató eso el revulsivo en la UNT, cuyo Consejo Superior se sintió manejado en las sombras por intereses creados. Así llegó el debate para sacar a Cerisola de ese cargo, para anular el acta de 2008 y para nombrar querellante e iniciar una causa penal en la Justicia Federal de Catamarca para anular judicialmente ese acuerdo, que sigue vigente aunque ya no hay regalías de minería desde 2014, con el cierre de la Minera Alumbrera.
Controles débiles
El querellante por la UNT en este juicio, Rodolfo Burgos, renegaba el año pasado, cuando se hablaba de la posibilidad de hacer audiencia virtual, porque se perdía una característica de los juicios orales: “el panóptico del juicio oral es uno de los lugares más difíciles para mentir”. Esta audiencia ha sido convocada de modo presencial aunque Cerisola podría tener la potestad de declarar por videoconferencia, por ser persona de riesgo ante el coronavirus.
Burgos dice que este juicio muestra, por un lado, cuán débiles han sido los controles en la casa donde se forma la inteligencia de la sociedad, que quedó obnubilada por el entusiasmo de contar con fondos inusuales para su funcionamiento; por otro, cómo fácilmente se ha impuesto toda una manera de concebir la administración de esos dineros, por fuera de miradas previas y de revisión. Como si la autonomía universitaria le permitiera dictar sus propias normas, más allá de las leyes del Estado.
El fiscal Pablo Camuña piensa que está en pugna “en alguna medida, la capacidad para castigar este tipo de delitos por parte del sistema de administración de justicia federal”.
Ya no quedan más dilaciones. Las más de 100 pericias pedidas por la defensa -que sostiene que no se ha establecido específicamente el daño que ha generado cada caso- ya estarían cumplidas y el tribunal que hasta junio hay tiempo de que se las envíen. Toda la investigación y las pruebas documentales e instrumentales están digitalizadas, de modo que, de funcionar bien los recursos tecnológicos, no habría problemas.
No está claro cómo va a incidir este juicio en el derrotero de la Universidad (¿habrá aprendido la lección?) y en las investigaciones pedidas por la misma Cámara de Apelaciones, que exhortó a seguir la ruta del dinero. La mancha oscura que generó el dinero de la minería se siguió expandiendo en incertidumbre y miedos en la Universidad. Aunque en estos momentos parece haber un entendimiento con miras a reescribir la historia entre la UNT, la Nación y Catamarca, el Consejo Superior tiene ahora tres comisiones estudiando el acuerdo que se hizo en 2019 en YMAD sin la autorización del órgano de Gobierno universitario, y deberá decidir en algún momento si hay caminos sustentables para seguir con la minería o para abandonarla.